Órganos autónomos: justificados por su propia definición; habría problemas por su desaparición

El 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen de la reforma constitucional con el que buscan la eliminación de siete organismos autónomos, bajo el argumento de que son onerosos y al eliminarlos el gobierno federal se ahorrará recursos, pero este argumento no encaja en la razón de su existencia y la desaparición implica riesgos políticos, económicos y sociales.
Si partimos del concepto, “órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional”, la desaparición de órganos autónomos tiene un carácter político que busca concentrar en el titular del Poder Ejecutivo y en el aparato administrativo centralizado las decisiones de política pública, sin interferencias de órganos que quedan, por su diseño, fuera de su control.

AÚN ES TIEMPO DE MEDIR LOS ALCANCES
De ahí una parte de la preocupación. La otra es porque estas razones impactan en los ambitos económico, politico y social ya que, en la mayoría de las ocasiones, cada función de los organismos autónomos atiende objetivos específicos como se expone en el trabajo Extinción de órganos constitucionales autónomos (reforma administrativa) de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los que están en el paquete de reforma constitucional son:

•Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
•Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
•Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
•Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
•Comisión Reguladora de Energía (CRE).
•Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
•Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En el documento referido de la Biblioteca Juridica Virtual, los autores señalan que, si bien la prohibición de monopolios ha estado presente en el artículo 28 de la Constitución desde 1917, no fue hasta 1992, con la apertura comercial y la creación de la zona de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, cuando se estableció un marco institucional que dotó de efectividad a esta disposición por la importancia de una infraestructura especializada para la regulación de la competencia económica.

COMPETENCIA Y TELECOMUNICACIONES
La preocupación en torno a la Cofece es por que la independencia esencial para una autoridad de competencia efectiva podría debilitarse al permitir que consideraciones ajenas al bienestar del mercado y la competencia influyan en sus decisiones. En torno al IFT porque se podría diluir su independencia técnica y de gestión.

Además, porque el capítulo 18 del TMEC enfatiza la necesidad de que el organismo regulador en el sector de telecomunicaciones sea independiente y no esté subordinado a ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo con el Reporte de Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional 2023, la Cofece alcanzó preliminarmente un IDC (Indice de Desempñeo de la Cofece) de 85.7%, lo que representa un desempeño global bueno, conforme a la escala de valoración establecida. Además, el resultado del Indicador de desempeño vinculado a los objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico 2022-2025 fue de 76.64% lo cual se traduce en un cumplimiento de 80.7% respecto de la meta de 85.5% establecida para ese año.

El año pasado, la Cofece mantuvo la calificación de 3.5 estrellas, sobre una escala máxima de cinco, en la evaluación anual de la revista especializada Global Competition Review que clasifica el desempeño, la efectividad y la eficacia de las principales autoridades antimonopolio a nivel mundial. México seguía manteniéndose como un líder regional. (Las agencias con el puntaje máximo, 5 estrella, son calificadas como “Elite”; entre 4 y 4.5, muy buenas; entre 3 y 3.5 buenas; y 2.5, suficientes).

Datos de la Biblioteca Juridica Virtual señalan que de 2013 a 2022 la aportación de la Cofece ha generado beneficios por más de 36,195 millones de pesos, 5.3 veces más que su presupuesto asignado y en este sexenio los beneficios ascienden a 13,828 mdp. Las multas de la Cofece en 2022 son cercanas a 5 mil mdp, casi ocho veces su presupuesto, todo esto según datos públicos expuestos los los autores.

En cuanto al IFT este órgano compiló sus logros en una publicación conmemorativa de su décimo aniversario, entre los que destaca que de las 31 recomendaciones establecidas en la Revisión de la política y la regulación de las Telecomunicaciones de la OCDE de 2012, México ha implementado 28.

De acuerdo con la información presentada, los resultados se pueden resumir en mayor y mejor conectividad a precios más bajos. En 2017, la OCDE destacó los resultados tangibles de la conformación del IFT: más competencia, mayor calidad de los servicios y precios más bajos. Lo anterior propició que las telecomunicaciones y la radiodifusión hayan superado el crecimiento global del PIB, pasando de 1.8% en 2013 a 3.6% en 2023.

La estructura del IFT fue presentada durante las negociaciones del TMEC como un ejemplo de cumplimiento de esta independencia. La participación del gobierno en el sector por medio de entidades como ALTAN y la CFE Telecom, y la posible absorción de las funciones del IFT por una secretaría de Estado plantean interrogantes sobre la continuidad de esta independencia e imparcialidad, lo que podría contravenir las disposiciones del tratado.

ENERGÍA
El impacto en la CRE y la CNH es debido a que acarrearía un ambiente de incertidumbre para las inversiones en el sector, desincentivando la participación de empresas clave, porque se eliminarían las diferentes normas constitucionales que buscaban dar garantías de autonomía técnica y presupuestal a la función reguladora de la energía y porque se fusionarían bajo la responsabilidad del mismo ente gubernamental (Sener) atribuciones de política energética y de regulación energética.

Además porque –por la fusión de las atribuciones regulatorias dentro de la misma dependencia encargada de conducir la política pública, y por el hecho de que los funcionarios encargados de la política pública y la regulación ya no tendrían garantías de estabilidad en sus encargos, ni sus nombramientos serían el resultado de consensos entre fuerzas políticas, ni estarían obligados a participar en deliberaciones técnicas colegiadas para adoptar sus principales decisiones–, la seguridad jurídica de los particulares que participan en los mercados energéticos y en contratos de exploración y extracción de hidrocarburos se vería afectada por esa politización de las funciones regulatorias en materia energética, afectando la inversión y todo lo que deviene de ésta como el empleo.

En un artículo publicado en la página de BBVA se señala que el favorable comportamiento de la IED del sector energético de 2013 a 2018 está relacionado con las modificaciones regulatorias que permitían la participación del sector privado en la generación y suministro de energía eléctrica mostrando niveles máximos entre 2013 a 2018, con el 55.3% de la inversión en este período.

Otros datos que refiere son:
•Entre 2006 y 2023 la inversión promedió anualmente 3,421 millones de dólares (mdd) a precios de 2018, con un crecimiento anual promedio de 17.32%.
•2017 se colocó como el año con mayor captación de la IED con un total 6,796 mdd
•De 2019 a 2023 la captación de IED disminuyó a 2,787 mdd anuales, siendo la inversión en Energía 50.1% menor si se compara contra el período del 2013 a 2017.

De acuerdo con el diagnóstico más reciente de la Asociación Mexicana de Energía (AME), México necesita invertir 120 mil millones de dólares en los próximos 3 lustros, 8,000 mdd por año, pero ¿quién invertirá en un ambiente de incertiduembre?

El IMEF se ha pronunciado al respecto señalando que la autonomía de estos organismos ha sido fundamental para fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en sectores estratégicos de la economía mexicana, incluyendo el energético, por lo que la eliminación de estos entes autónomos no solo comprometería la estabilidad y el desarrollo económico del país, sino que también iría en contra de los principios constitucionales de competitividad y del modelo de Estado regulador que busca garantizar un ambiente equitativo para todos los participantes en el mercado.



CON IMPACTO SOCIAL
La reforma que impacta al INAI pretende que sus atribuciones sean trasladadas, en parte, a la Secretaría de la Función Pública, a los órganos internos de control del Poder Legislativo y Judicial, así como al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que provocaría un trato diferenciado del derecho de acceso a la información. También afectaría el derecho a la protección de datos personales porque, con un argumento poco claro, señala que las autoridades contarán con facultades para atender este derecho.

La afectación al Coneval es porque se pondría en riesgo la capacidad del gobierno en la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales de los mexicanos, además porque no se ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de sus funciones (evaluación de la política social y de los programas sociales de la administración pública federal), las cuales son distintas a las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), institución a la que le encargarían la medición de la pobreza.

Lo anterior dificultaría el entendimiento de sus causas, factor que contribuyen a reducirla. Aunque la pobreza extrema se ha reducido en el país, aún no tenemos buenos datos. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2024, en promedio, la población en pobreza laboral pudo cubrir solo el 42.3% de la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

La desaparición y transferencia de las funciones de la Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública (SEP) –que fue creada en octubre de 2019 por el propio presidente López Obrador como parte de la Nueva Escuela Mexicana, tras la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)– eliminaría contrapesos institucionales y afectaría la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes.

No olvidemos que, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, en 2022 México se posicionó en el lugar 35 entre los 37 países evaluados. Mientras que en promedio los países miembros de la organización obtienen un puntaje de 478 puntos, México alcanzó un promedio de 407. Nuestro país experimentó la peor caída en sus resultados desde el año 2000 que participa en el programa.

¿Y SI NO HAY MARCHA ATRÁS?
El surgimiento de estos organismos autónomos responde a la necesidad de fortalecer las estructuras de gobierno para hacer frente a necesidades sociales y atender aspectos técnicos específicos, por lo que su desaparición implica los riesgos de concentración de poder, en la competitividad del país y en la reducción de la inversión extranjera directa en detrimento de la economía, además de que complicaría la revisión del TMEC y los acuerdos internacionales.

“Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales celebrados y ratificados por México, garantizan la libre competencia y concurrencia, la economía mixta de mercado, los derechos y protección al consumidor y la regulación y supervisión de sectores estratégicos en beneficio de la población mexicana, particularmente para garantizar la existencia de productos y servicios de calidad y de precios razonables”, señaló el IMEF en un comunicado.

Por lo anterior, el IMEF señala que la eliminación de estas instituciones podría generar incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas nacionales e internacionales, afectando así la atracción de capital necesario para el crecimiento sostenible y dejando pasar la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por la relocalización. Adicionalmente, se estaría afectando los contrapesos de toda democracia y que son fundamentales para la estabilidad económica y política del país, mismos que han sido construidos por los mexicanos con mucho esfuerzo y con un diálogo esencial entre sectores”. Escucha la opinión del IMEF sobre las reformas constiucionales.

Por lo tanto, el debate debería ser cómo fortalecer su funcionamiento y garantizar de operación, recalcando que autonomía no es sinónimo de discrecionalidad y que los ahorros que plantean tras su desaparición podrían tener costos elevados en el corto, mediano y largo plazo.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.

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