Polos de desarrollo: el dilema entre atraer inversión y retenerla en el territorio

En 1955, François Perroux describió el polo de crecimiento como una industria motriz capaz de arrastrar capital y actividad a su alrededor por pura gravedad económica. Este economista francés es reconocido por crear la teoría de los polos de crecimiento de los que Hirschman, otro economista galo, explicó después que los encadenamientos detonan hacia proveedores y clientes; pero otro colega sueco, Myrdal —que incluso fue Premio Nobel de Economía en 1974— advirtió que ese mismo crecimiento también puede succionar talento, inversión y oportunidades desde la periferia hacia el centro.

Setenta años, tres nombres de programa mexicano y un cambio de sexenio después, seguimos comprando la misma idea con empaque distinto: Zonas Económicas Especiales en 2016, estímulos fronterizos y ahora PODEBI/PODECOBI.

Hoy la pregunta sobre si los polos ofrecen incentivos suficientes para atraer inversión ya está prácticamente contestada: sí, y con holgura; por lo que la pregunta que de verdad importa es si el diseño institucional detrás de esos incentivos puede convertir la inversión en infraestructura operativa, proveedores regionales, empleo productivo y valor económico que permanezca en el territorio.

EL PRECEDENTE
Las Zonas Económicas Especiales de 2016 ofrecían un descuento del 100% en ISR los primeros 10 años y 50% en los siguientes cinco, tasa 0% de IVA en bienes y servicios introducidos en la zona, y crédito del 50% en cuotas patronales del IMSS durante diez años, una renuncia fiscal considerable para el erario. El programa se canceló antes de madurar operativamente; hay antecedentes documentados por el Banco de México sobre su diseño y limitaciones.

La cancelación no fue por una sola causa —también hubo decisión política de la administración siguiente—, pero la lección de fondo sobrevive intacta: los estímulos tributarios no compensan por sí solos la falta de infraestructura, coordinación institucional y legitimidad territorial.

Los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) parten de mejor pie al estar anclados a una plataforma logística real: el Corredor Interoceánico, con polígonos delimitados que buscan articular puertos, ferrocarriles y corredores comerciales. Eso es una mejora genuina, pero una mejor ubicación en el mapa no garantiza una mejor ejecución en el terreno.

En el caso de los PODEBI del Istmo, el régimen incluye créditos fiscales en ISR —del 100% durante los primeros tres años y de entre 50% y 90% del cuarto al sexto, según el empleo generado—, deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos y estímulos en IVA para determinadas operaciones dentro de los polos.

Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) responden a un decreto distinto y pueden incorporar otros mecanismos federales de inversión, capacitación e innovación. A ello pueden sumarse, según el polo y la entidad federativa, incentivos estatales o municipales. En conjunto, se trata de uno de los paquetes territoriales de incentivos fiscales más agresivos otorgados en México durante las últimas décadas.

Pero el problema no es el incentivo. El problema es asumir que se traduce automáticamente en desarrollo regional. Una empresa puede instalarse, aprovechar cada crédito fiscal disponible y operar con integración regional mínima; el propio análisis técnico documenta el riesgo de que ciertas instalaciones terminen operando bajo un esquema de «enclave aislado», con escasa vinculación productiva local.

TRES FUTUROS POSIBLES, Y UNO BASTANTE PROBABLE


No hace falta llegar al escenario pesimista para tener un problema: el esperado-realista, el más probable, ya trae integrado el patrón de succión de Myrdal. Esto es porque la pobreza multidimensional en varios municipios del Istmo oaxaqueño y veracruzano supera el 60%, con informalidad laboral elevada y rezago educativo por encima del promedio nacional.

Esa cifra puede convivir, sin ninguna contradicción aritmética, con miles de millones de dólares de inversión extranjera directa acumulada. El efecto de succión no es una falla del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado, salvo que la política pública actúe deliberadamente para revertirlo. Myrdal ya lo advirtió hace setenta años. La infraestructura no redistribuye por sí sola. El incentivo fiscal tampoco.

EL NUDO REAL: LA ÚLTIMA MILLA QUE NADIE QUIERE FIRMAR
La infraestructura troncal del Corredor —puertos, vías, gasoductos y redes energéticas— es indispensable, pero no garantiza la operación de cada polígono. La infraestructura de última milla, es decir, la subestaciones, redes internas de agua, plantas de tratamiento, accesos carreteros, espuelas ferroviarias, fibra óptica y gas se distribuye entre concesionarios, autoridades y proyectos complementarios según los títulos, convenios y etapas de ejecución.

El problema es que todavía no existe, al menos de manera pública y comparable para cada polo, una matriz integral de responsables, presupuesto, plazos y riesgos. Esa brecha puede identificarse al contrastar los informes de avance institucionales del CIIT con las necesidades operativas señaladas por el análisis académico sobre la entrada del Corredor a la cadena global de suministros.

Pero ese no es el dilema real de la concesión, bancabilidad contra control público también lo es. Desde septiembre de 2025, el CIIT modificó el esquema de concesión de sus licitaciones —documentado en la Segunda Nota Aclaratoria a la convocatoria de PODEBI Tapachula I y II, publicada en el Diario Oficial de la Federación— ofreciendo al concesionario elegir entre una modalidad de 30 años con posible extensión a 50, sin opción de enajenación, y una modalidad de 5 años ampliable a 10, o bien con opción de compra de la superficie concesionada, sujeta a autorización de la Junta de Gobierno del CIIT.

El esquema largo preserva la reversión y deja al Estado una herramienta de negociación si el concesionario incumple, pero un banco no presta en las mismas condiciones contra un activo que no puede hipotecarse como propio: fricción financiera real para el desarrollador que necesita apalancarse con deuda garantizada por el terreno.

El esquema con opción de compra mejora la certeza patrimonial del inversionista, pero una vez transferido el inmueble, el incumplimiento de metas debe enfrentarse por litigio, no por reversión del activo, por lo que la única palanca de largo plazo que tenía el Estado desaparece con la venta.

LO QUE DEBERÍAMOS ESTAR MIDIENDO Y RARA VEZ MEDIMOS En un análisis previo sobre el impacto económico del Mundial 2026 (El Mundial 2026 sí dejó derrama: la pregunta es quién la capturó) se planteó una distinción que aplica exactamente aquí: derrama bruta no es lo mismo que impacto neto. El valor solo transforma una región cuando se queda, circula y se multiplica dentro de ella, no cuando simplemente la atraviesa camino a otro lado.

El éxito de un PODEBI no debería medirse por hectáreas concesionadas o inversión anunciada, sino por:

•Inversión efectivamente ejercida.

•Costo público por empleo formal creado

•Porcentaje real de compras a proveedores regionales.

•Calidad del empleo.

•Proporción de trabajadores residentes en la zona

•Disponibilidad real de infraestructura.

•Recaudación incremental neta.

•Evolución del costo de vida alrededor del polígono (el propio estudio de percepción social en municipios sede documenta la brecha entre indicadores de promoción e indicadores de bienestar percibido).

Mientras la última milla siga sin responsable, presupuesto y calendario verificables, ningún incentivo fiscal, por generoso que sea, podrá cerrar por sí solo esa diferencia de velocidades. Se debe tomar en cuenta que el tren cruza el Istmo en unas horas, pero la pobreza multidimensional lleva ahí generaciones.