También sabemos que la generalidad de los individuos es adversa al riesgo y, dada la probabilidad subjetiva de que ocurra un evento que les genere una pérdida en su bienestar, algunos estarán dispuestos a pagar una prima que los cubra por si tal evento llegara a ocurrir.
Sin embargo, ningún individuo puede cubrirse de toda posible eventualidad negativa y es aquí en donde adquiere relevancia la existencia de un arreglo institucional que genere, al menos, plena certeza sobre las reglas del juego que rijan la interacción entre los diferentes actores, así como los posibles mecanismos de solución de controversias cuando se presente un evento no anticipado que genere un daño.
La existencia de reglas del juego formales (leyes y reglamentos) que generen certeza, al igual que los mecanismos de solución de controversias, son necesarias, pero no suficientes para generar resultados que, además de ser óptimos desde un punto de vista privado, lo sean también desde un punto de vista social. Se requiere, además, que tanto las reglas como los mecanismos de solución de controversias sean eficientes, en el sentido de generar los incentivos adecuados y, a su vez, alineados con el objetivo de generar resultados que se aproximen a los óptimos privados y sociales.
Dentro de esta definición de las reglas que generen certeza y sean eficientes, destaca el que los actores no estén sujetos a cambios discrecionales, ya que ello no sólo es una causa de incertidumbre permanente, sino que además introduce un elemento que dificulta, si no es que de plano impide, obtener el resultado que se había previsto alcanzar.
Lo que hemos experimentado desde el gobierno de López y lo que va del actual es precisamente lo opuesto a lo apuntado en los párrafos anteriores. En lugar de corregir las fallas que tenía el arreglo institucional anterior para hacerlo más eficiente y lograr así mejores resultados privados y sociales, lo que los dos gobiernos han hecho es modificar las reglas del juego, incluidos cambios constitucionales, así como en las leyes secundarias, de forma tal que incrementaron los niveles de incertidumbre con los cuales los agentes privados toman decisiones e interactúan con otros actores.
Más aún, las modificaciones realizadas han reducido la calidad y la eficiencia de estas reglas, por lo que, considerando ambos factores —más incertidumbre y menor eficiencia—, los resultados privados y sociales se alejan todavía más del óptimo, no sólo en el presente, sino, peor aún, también en el futuro inmediato y mediato.
Así, los cambios que el gobierno le ha hecho a las reglas del juego, al marco legal, han reducido la tasa de rentabilidad privada (y social) de diferentes proyectos de inversión en varios sectores de la economía. Más aún, al ser las nuevas reglas menos eficientes y estando los actores privados sujetos a una mayor incertidumbre derivada de un mayor poder que ahora tiene el gobierno para cambiar las reglas discrecionalmente, aunado a que los actores privados prácticamente ya no tienen a su disposición defensa judicial posible cuando sus derechos individuales sean vulnerados (dados los cambios a la Ley de Amparo), deriva en que ahora existe un mayor nivel de riesgo.
Dado este mayor riesgo y con agentes económicos privados adversos al mismo, es que los potenciales inversionistas que arriesgan su capital esperando obtener un determinado rendimiento exigirán ex ante un mayor premio para invertir. Si, por las condiciones generales de la economía y las propias del sector en donde se evalúa invertir, no se permitiera pagar ese mayor premio, el resultado será que la inversión no se llevará a cabo o, en el mejor de los casos, el monto a invertir será menor.
El gobierno podrá tratar de transmitir un mensaje de optimismo esperando que los inversionistas no exijan ese mayor premio, pero lo relevante para ellos es cómo están establecidas las reglas del juego; si las reglas que el propio gobierno estableció acarrean un mayor riesgo, la inversión será inferior. Así, dado que las reglas no son eficientes y no están alineadas con el objetivo de atraer mayores flujos de inversión privada en planta, maquinaria y equipo, es que el resultado será una menor tasa de crecimiento de la economía.
Además de las reglas, para los actores privados también es importante que los mecanismos de solución de controversias entre los propios agentes privados, así como frente a actos de gobierno que vulneren sus derechos, sean eficientes, eficaces y, sobre todo, independientes e imparciales. Si se percibe que el Poder Judicial, como principal mecanismo, no cumple con estas cuatro características, el riesgo para los inversionistas será aún mayor; la inversión será inferior, como también lo será el crecimiento.
No se sorprendan si la economía no crece. El gobierno ha hecho lo necesario para que así sea.
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