Sin certeza jurídica no hay futuro: la retroactividad a las pensiones y sus implicaciones

Detrás del accionar de un interruptor, una caldera o una sala de quirófano en un hospital, está el esfuerzo casi invisible de hombres y mujeres que hacen posible un proceso de alta precisión para generar, controlar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica con el fin de satisfacer la demanda energética las 24 horas del día, los 365 días sin descanso.

La energía eléctrica es un detonador de bienestar social y económico. Las enormes inversiones del Estado a lo largo de varias décadas han permitido llevar la electricidad a lugares remotos, poco poblados y alejados de las grandes urbes para generar progreso, aunque esto no sea rentable.

Recién egresada de la licenciatura en administración de empresas, en 1985 participé en un curso de capacitación para formar agentes comerciales organizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Después de tres meses de entrenamiento teórico y uno en campo me asignaron como responsable de una sucursal en San Andrés Chalchicomula, ahora Ciudad Serdán, Puebla.

Así inicié mi carrera en la CFE, en la que posteriormente a base de compromiso, jornadas extenuantes y buenos resultados ascendí a puestos de mayor responsabilidad y complejidad que me llevaron a vivir en diferentes ciudades lejos de casa, de la familia, de los amigos.

El espíritu de servicio, el apego a la normatividad y la vasta e inmejorable capacitación que la CFE me brindó fueron pilares fundamentales en mi carrera. El marco jurídico de la Comisión me dio siempre la certeza de que al final de mi desempeño laboral recibiría una pensión conforme a los lineamientos establecidos por el Contrato Colectivo de Trabajo acordado por el Sindicato (SUTERM) y la propia CFE.

Recuerdo que al firmar el convenio de jubilación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje —mediante el cual se acordaba el monto y términos de mi pensión vitalicia— vinieron a mi mente múltiples experiencias de los años laborados en la CFE y no pude más que sentirme nostálgica, pero satisfecha de mi labor en la empresa.

SIN EMBARGO…
Hoy, la reciente aplicación de la reforma al artículo 127 constitucional en materia de Remuneración de los Servidores Públicos ha generado una afectación directa, inmediata y profundamente lesiva en las condiciones de vida de miles de jubilados de la CFE y diversas entidades públicas, debido a descuentos en nuestras pensiones ya legalmente otorgadas —que en múltiples casos alcanzan entre 50 y 60%— aplicados de forma inmediata, aun sin contar con las leyes secundarias a las que obliga dicha reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026.

La reforma plantea que las jubilaciones y haberes de retiro del personal de confianza en organismos descentralizados —como Pemex, CFE, Banobras, Bancomext y algunos más— no podrán exceder el 50% de la remuneración mensual del presidente y aplica a pensiones vigentes que superen ese tope.

Con esta reforma el gobierno proyecta un ahorro estimado en 5 mil millones de pesos para financiar programas sociales —dice—, pero quizá el fondo es la precariedad de las finanzas públicas y las proyecciones para jubilados en México que apuntan a un fuerte aumento del gasto público federal.

Se estima que el costo federal en pensiones y jubilaciones (IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE) siga creciendo hasta alcanzar su punto máximo entre los años 2034 y 2040. Este rubro supera los 2.1 billones de pesos anuales. México transita hacia un envejecimiento acelerado donde, para 2030, se proyecta que el porcentaje de personas mayores supere al de los jóvenes.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Sin duda, miles de jubilados —en la mayoría de más de 70 años— que dedicamos décadas al servicio del Estado mexicano tendremos que afrontar de forma dramática el presente ante la vulneración de nuestros derechos humanos, lo que repercutirá en compromisos económicos imposibles de solventar: cubrir gastos por enfermedades; apoyo a padres, hermanos, hijos o nietos; y, sobre todo, sufriremos una pérdida de estabilidad y tranquilidad para el futuro.

Estamos frente a una reforma profundamente discriminatoria y regresiva, ya que solamente aplica al personal de confianza de las empresas del Estado en puestos que van desde supervisores, jefes de oficina hasta directores de área; se omite a los sindicatos, fuerzas armadas y poder judicial, sin explicación alguna.

Si solamente esta reforma aplica al personal de confianza parece una lógica consecuencia que el personal sindicalizado evitará asumir puestos de confianza y progresar en su desarrollo profesional, ya que esto representará una disminución en su patrimonio. No debe omitirse que el personal de confianza debe cursar y aprobar capacitaciones obligatorias relacionadas con su área técnica, seguridad industrial y normatividad regulatoria. Esto implica preparación y compromiso.

Es muy probable que el personal de confianza empiece a buscar mejores condiciones salariales en otras empresas, lo que implicará la fuga de talento especializado. Si el Estado desea fortalecer su posición en el sector energético, esta reforma obstaculiza esta aspiración. Entonces, ¿cómo hacer frente a una demanda de energía que crece a un ritmo de entre 2.4 y 2.9% anual, impulsada por el crecimiento económico, el sector industrial y el aumento poblacional cuando se cimbran las bases que daban certeza a un compromiso profesional?

Esta reforma trasciende el caso particular de las pensiones de servidores públicos y plantea serios cuestionamientos sobre el respeto al principio de no retroactividad, derechos adquiridos, certeza jurídica y al Estado de derecho.

El principio de no retroactividad de las leyes establece que una nueva ley no puede aplicarse a hechos, actos o situaciones que ocurrieron antes de su entrada en vigor, protegiendo los derechos ya adquiridos. Es un pilar fundamental del derecho internacional conocido en el ámbito penal como nullum crimen, nulla poena sine lege (no hay crimen ni pena sin ley previa).

Esta reforma tiene consecuencias económicas para el país, porque sin certeza jurídica, no hay inversión, esa inversión que tanta falta nos hace. Los requerimientos de inversión de México ascienden a un estimado de 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030 y, debido a la capacidad financiera del sector público, más del 80% de esta requiere del capital privado a través de modelos de inversión mixta y certidumbre jurídica.

La no certeza jurídica ya asomó sus consecuencias al revertir la Reforma Energética de 2013 para consolidar los monopolios de CFE y Pemex, lo que generó mayor presión para las finanzas públicas, aumento en los costos de producción industrial y riesgos de sanciones comerciales internacionales.

Sí hoy el Estado puede modificar nuestras pensiones, mañana podrá hacerlo con cualquier otro derecho adquirido. Por eso y por nuestra dignidad, miles de jubilados adultos mayores, marchamos en la calles y tocamos las puertas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Deseamos entablar una mesa de diálogo que permita evaluar integralmente el impacto social, económico y legal de esta reforma, porque no se trata de privilegios, sino de derechos adquiridos y respeto a la ley.

Se trata de nuestros derechos, de no permitir la retroactividad de la leyes.

UNA NOTA AL MARGEN
Los jubilados seguimos siendo activos en la economía al transformar un sector tradicionalmente considerado «pasivo» a un motor financiero indispensable. A través de la llamada economía plateada (silver economy), los adultos mayores ejercemos un impacto económico masivo mediante el consumo, que promueve el emprendimiento y con este el empleo formal.

Los jubilados con pensiones estables representamos un mercado de consumo constante y de bajo riesgo. Al no depender de los ciclos de desempleo juvenil, mantenemos un gasto regular en sectores como el turismo especializado, la salud, seguros y créditos hipotecarios.