TMEC después del 1 de julio: la incertidumbre como régimen

El 1 de julio de 2026 pasó sin la confirmación trilateral de extensión que hubiera cerrado limpiamente el capítulo por 16 años más. El representante comercial Jamieson Greer fue explícito: Estados Unidos no acordó renovar el TMEC en su forma actual.

En sus comentarios recientes al testificar ante el Congreso de su país, Greer incluso dejó ver que la resolución limpia podría tomar más tiempo del actualmente esperado por el consenso de analistas, que anticipa acuerdos relevantes hacia finales de 2026 o inicios de 2027. México, vía Ebrard, y Canadá, Dominic LeBlanc, confirmaron su respaldo a una extensión de 16 años.

En este sentido, la falta de confirmación el 1 de julio no equivale a terminación. La terminación es una cláusula separada (Artículo 34.6) que exige aviso escrito con seis meses de anticipación por cualquiera de las partes y notificación al Congreso; ese mecanismo no se ha activado.

Lo que sí ocurrió es la activación de la cláusula de revisiones anuales (Artículo 34.7), las cuales ocurrirán de manera sucesiva los próximos 10 años hasta 2036, y en las que las tres partes pueden acordar una extensión en cualquier momento del camino. El tratado permanece plenamente vigente hasta el 1 de julio de 2036, salvo renovación previa.

En otras palabras, la ventana de riesgo no se cerró el 1 de julio: se convirtió en un proceso de revisión recurrente que concluirá cuando las tres partes acuerden extender en algún punto de los próximos 10 años, o cuando el tratado expire a finales de 2036.

CUATRO RELOJES Y DOS AGENDAS
En mis comentarios de principios de junio, hablé sobre cuatro relojes corriendo, cada uno con su calendario y resolución específica, que convergerían hacia la segunda mitad de 2026, justo en el momento más álgido de las conversaciones para la extensión del tratado.

El primero de ellos, el régimen de revisiones anuales del TMEC, ya está activo; la primera revisión formal se abre en 2027. Por su parte, Canadá negocia en un track bilateral paralelo, separado de las conversaciones México–Estados Unidos que hoy concentran la atención. En este sentido, las rondas bilaterales México–Estados Unidos continúan.

La tercera se celebró del 21 al 23 de julio, con reunión de Greer y Sheinbaum en Palacio Nacional. A pesar de anunciarse productivas, no hubo avances importantes en lo referente a los aranceles impuestos bajo la Sección 232 sobre acero y aluminio (50%) ni sobre autos, autopartes y camiones pesados (25%); el entregable fue una cuarta ronda en Washington en la primera mitad de septiembre.

En el ámbito arancelario, uno de los relojes llegó a su fin. El 24 de julio, el arancel general del 10% bajo la Sección 122 (activado en febrero tras la invalidación del IEEPA por la Suprema Corte) expiró en su límite legal de 150 días sin que el Congreso lo extendiera.

Pero no hubo alivio: en el mismo instante entró en vigor un nuevo arancel del 10% bajo la Sección 301, derivado de la investigación por importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. Un instrumento reemplazó al otro. El matiz decisivo es que los bienes que cumplen las reglas de origen del TMEC quedan exentos, igual que del anterior.

En palabras de Ebrard, la exención mantiene libre de aranceles cerca del 85% de las exportaciones mexicanas. Para quien cumple, el impacto es mínimo; para quien no, la carga cambió de fundamento legal sin desaparecer.

Un tercer reloj, la segunda investigación 301 por sobrecapacidad manufacturera, iniciada el 11 de marzo, con audiencias en mayo sigue sin determinación y es el riesgo de cola más relevante: a diferencia de la investigación de trabajo forzoso, un eventual remedio podría no eximir a los bienes TMEC, exponiendo a los sectores automotriz y de metales. La determinación es posible hacia finales de 2026.

Por último, el calendario electoral estadounidense opera de fondo: las elecciones intermedias del 3 de noviembre sostienen la presión sobre México, pero al mismo tiempo limitan una ruptura completa. Una ruptura golpearía a los estados agrícolas republicanos, dependientes de las exportaciones a México y de las importaciones de insumos, justo cuando la administración necesita proteger su base electoral, lo que acota el margen para una escalada que dañe a su propio electorado.

EL IMPACTO ESTRUCTURAL
Más allá del calendario, existen actualmente dos agendas relevantes que explican buena parte de la conversación. En primer lugar, hemos pasado de una estructura global de más de tres décadas ligada al libre comercio y la apertura, a un entorno cada vez más rígido en donde los aranceles forman parte de la narrativa, incluso cuando existen tratados de libre comercio como el TMEC.

En consecuencia, la vulnerabilidad del tratado es evidente desde la composición del sector exportador mexicano. Los aranceles de la Sección 232, que aplican independientemente de la certificación preferencial, se concentran donde la base exportadora es más profunda: acero, aluminio, manufacturas de acero, vehículos y autopartes, y cobre. El tratado es un escudo parcial, no comprehensivo.

En ese sentido, la reconfiguración de las cadenas de suministro, tanto al interior como al exterior del bloque regional que hemos observado en los últimos trimestres, ya comienza a ser evidente en la participación de las exportaciones que México dirige hacia Estados Unidos en ciertos sectores clave.

La industria automotriz, históricamente uno de los principales motores del sector externo de México, ha perdido relevancia relativa: la participación del país en las importaciones estadounidenses de autos ligeros cayó de 22.4 a 19.2% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, manteniéndose por debajo de los niveles observados en 2019, mientras que en el primer semestre las exportaciones de vehículos ligeros al mercado estadounidense retrocedieron 3.6% anual.

En contraste, otros sectores, como el de componentes electrónicos y equipo de cómputo ligado al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y centros de datos, han ganado una participación relevante en los últimos doce meses: sus exportaciones a Estados Unidos crecieron 153% anual en el primer trimestre de 2026, hasta superar los 37 mil millones de dólares, con lo que México se consolidó como el segundo proveedor de este tipo de hardware al mercado estadounidense, solo detrás de Taiwán.

La segunda agenda relevante es la conversación en reglas de origen, particularmente en el sector automotriz. Actualmente, la demanda estadounidense de 50% de contenido específicamente estadounidense en vehículos empujaría el contenido regional total a cerca del 82%, próximo al punto de inflexión que la literatura académica identifica en la curva de Laffer de contenido regional (con un pico estimado en ~84%).

La lógica de esta curva es sencilla: subir el requisito de contenido regional incrementa la integración productiva real hasta cierto umbral; pasado ese punto, cumplir la regla se vuelve tan costoso que a las empresas les resulta más barato pagar el arancel y abandonar el régimen preferencial. Por encima de ese umbral, entonces, más exigencia produce menos integración real —lo opuesto al objetivo buscado—. Es una restricción económica que define el techo de lo negociable en contenido.

UNA VENTAJA COMPETITIVA
Pese a este entorno, México conserva ventajas estructurales que conviene no perder de vista. Aun con la nueva capa arancelaria, el tratamiento efectivo que enfrentan las exportaciones mexicanas que cumplen el TMEC sigue siendo de los más favorables entre los socios comerciales de Estados Unidos: cerca del 85% de los envíos permanece libre de arancel, una cobertura que economías sin tratado de libre comercio no tienen.

A esa ventaja se suman la cercanía geográfica, la integración de tres décadas en las cadenas de suministro de Norteamérica y un contenido regional que implica que por cada dólar de bienes manufacturados que México exporta a Estados Unidos, alrededor de 75 centavos tienen origen norteamericano. Es precisamente esa integración, y no un arancel marginalmente menor, la que sostiene el atractivo de México como plataforma exportadora, y la que está en juego en la conversación sobre reglas de origen.

EL COSTO QUE YA SE ESTÁ PAGANDO Y LAS SEÑALES DE ESTABILIZACIÓN
No obstante, en este entorno de incertidumbre estructural, durante el último año y medio la economía absorbió el impacto en tiempo real: la inversión fija bruta acumuló 19 meses de contracción, la más larga en cuatro décadas fuera de la pandemia.

El acervo de capital —es decir, el conjunto acumulado de maquinaria, equipo e infraestructura que sostiene la capacidad productiva del país— se ubica ya por debajo de su tendencia de acumulación previa a este episodio, con estimaciones de una pérdida cercana a 40 puntos base de crecimiento del PIB en los últimos ocho trimestres.

Los datos recientes; sin embargo, muestran estabilización: la inversión creció 5.1% anual en abril, primer aumento desde septiembre de 2024; la inflación bajó a 3.10% en la primera quincena de julio; Banxico ha logrado reducir los costos de financiamiento a 6.50% desde mayo de 2026; y el peso se mantiene resiliente, con una apreciación cercana al 3% en lo que va del año.

En este entorno, se anticipa una recuperación importante de la actividad económica en el segundo trimestre de 2026, que será evidente una vez que observemos la estimación oportuna del PIB el 30 de julio. A pesar de esto, mientras la incertidumbre ligada al entorno comercial siga presente, persisten señales de cautela. Por lo tanto, la estabilización no revierte los costos acumulados en los últimos 24 meses.

EL RETO DE FONDO PARA EL PAÍS
La confirmación de que la revisión entra al régimen de revisiones anuales bajo el Artículo 34.7 mantiene activo el entorno de incertidumbre estructural. Una extensión limpia de 16 años habría comprimido la prima de incertidumbre; lo que tenemos es un régimen donde esa prima se revalúa año con año, o hasta que las tres partes logren ponerse de acuerdo.

El pronóstico base es que el TMEC finalmente se extenderá, probablemente entre finales de 2026 y principios de 2027, una vez que las elecciones intermedias en Estados Unidos remuevan la restricción política sobre una desescalada.

El 1 de julio no fue el final de la historia, fue el punto en que la historia se volvió más difícil de ignorar. Y ese es, quizá, el reto de fondo para el país: aprender a operar no bajo la incertidumbre de un evento, sino bajo la incertidumbre como régimen.