Dos de los grandes pendientes que deben ser atendidos en el país son contener la corrupción y acabar con la impunidad. Se ha intentado por décadas prevenir la corrupción fortaleciendo la fiscalización, mejorando la transparencia en la gestión de las instituciones, mediante la constante revisión de los sistemas de control interno, con reglas de operación de programas que garanticen que los recursos lleguen a sus beneficiarios, con manuales administrativos, así como con la emisión continua de códigos de ética y conducta, entre muchas otras acciones.

Administración tras administración pública nos han vendido a los ciudadanos el discurso de llevar a cabo un combate frontal contra la corrupción, pero la realidad —medida por diversas organizaciones nacionales e internacionales— es que actualmente en México se muestran pocos o nulos avances para enfrentar este tipo de actividades, entre otras causas por la alta impunidad provocada por la incapacidad del Estado mexicano para castigar los delitos relacionados con la corrupción que junto con la impunidad crea un círculo vicioso o binomio pernicioso.

PROPUESTAS
Ante esta realidad y considerando a los principales actores en el combate a la corrupción e impunidad como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se presentan algunas propuestas con el objeto de fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad. No deben considerarse como todas las que deben llevarse a cabo, pero sí las necesarias.

1. Modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Deben contemplar el restablecimiento del Consejo de Dirección como un órgano de consulta, análisis y acuerdos con atribuciones exclusivas de modificar el reglamento interior y la auditoría interna, vigilando el cumplimiento de sus propósitos constitucionales.

2. Plazo para integrar una carpeta de investigación sobre hechos de corrupción de servidores públicos. Reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer un plazo máximo de dos años, a partir de la fecha de recepción de la denuncia de hechos, para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación tratándose de hechos de corrupción de servidores públicos.

3. Revisar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Debe revisarse el papel que ha desempeñado el Comité de Participación Ciudadana y sus obligaciones frente al SNA, sus aportaciones y el conocimiento que tienen sobre las instituciones que constituyen el Comité Coordinador del SNA.