El 19 de agosto de 2026 en un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reunió a varios personajes para pedir al Congreso que aprobara el Clarity Act, la ley que definiría de una vez por todas qué criptoactivos son valores y cuáles materias primas. El proyecto lleva cerca de once meses de negociación bipartidista, ronda las 626 páginas y sigue estancado en el Senado por desacuerdos sobre los propios negocios cripto del presidente.
Los convocados fueron Brian Armstrong, director de Coinbase; Vlad Tenev, director de Robinhood; Arjun Sethi, codirector de Kraken; y Jeffrey Sprecher, director de Intercontinental Exchange; Paul Atkins, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores; y Mike Selig, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
Un día antes, la Comisión de Bolsa y Valores había propuesto reglas propias para facilitar la emisión de criptoactivos, sin esperar a que el Congreso resolviera nada. La Comisión de Comercio de Futuros anunció, para el día siguiente, la primera reunión de un comité asesor dedicado a la regulación del sector. La escena resume en unas cuantas horas el problema de fondo que debería ocupar a cualquier consejo de administración con exposición a tecnología:
El propio gobierno estadounidense reconoce que la ley todavía no existe, pero sus reguladores ya se comportan como si la espera legislativa fuera un lujo que el mercado no puede permitirse. Ningún consejo puede diseñar su gobernanza esperando a que esa contradicción se resuelva.
DEBATE FILOSÓFICO
Esa misma semana, The Economist dedicó su portada a preguntarse si los sistemas de inteligencia artificial podrían llegar a ser conscientes y qué riesgos implicaría tratarlos como tales, y publicó una entrevista con Yuval Noah Harari en la que el historiador reiteró la advertencia central de su libro Nexus, según la cual un manejo equivocado de la inteligencia artificial podría erosionar el dominio humano sobre el planeta antes de que exista un marco capaz de contenerla.
No hace falta compartir el tono de Harari para notar algo más incómodo todavía: si una de las publicaciones económicas más influyentes del mundo dedica su portada a debatir qué es filosóficamente el sistema que se pretende regular, es ingenuo pensar que un Congreso o un Senado va a resolver esa pregunta antes de que la tecnología siga operando en el mercado. El consejo que espera esa certeza para actuar, en realidad, ya decidió no vigilar.
Una semana más tarde, Bill Gates publicó un ensayo en el que sostiene, casi con las mismas palabras que este texto ha venido argumentando, que no existe todavía un plan para gestionar la transición hacia la era de la inteligencia artificial, y llama a construir nuevas instituciones nacionales e internacionales porque ninguna agencia existente fue diseñada para una tecnología que toca simultáneamente empleo, seguridad, salud, energía y elecciones.
Si ni el cofundador de Microsoft ve todavía un plan institucional, resulta aún menos razonable que un consejo de administración espere a que ese plan aparezca antes de actuar.
¿Y EL MERCADO?
El patrón se confirma, de forma casi literal, desde el propio mercado de capitales. El primero de junio de 2026 Anthropic informó, en un comunicado oficial, haber presentado de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores un borrador de registro en el formato S-1 para una eventual oferta pública inicial semanas después de una ronda de financiamiento que, según reportes de mercado privado, valuó en cerca de 965 mil millones de dólares.
Una semana más tarde, OpenAI confirmó haber hecho lo mismo, con una valuación privada reportada de aproximadamente 850 mil millones de dólares. Ninguna de las dos compañías ha fijado fecha, precio o número de acciones, y conviene tratar estas cifras como estimaciones de mercado privado, no como hechos consumados.
La responsabilidad de vigilancia no espera a que exista el regulador. La asume el consejo, o no la asume nadie.
Quien compre acciones de OpenAI no comprará lo que cree comprar.
Pero hay algo más revelador que la prisa por salir a bolsa: ni siquiera
la estructura de gobierno de estas compañías es enteramente legible todavía. Anthropic mantiene una estructura societaria tradicional. OpenAI, en cambio, completó en octubre de 2025 una reestructuración que dejó el control de su negocio comercial en manos de una fundación sin fines de lucro, con Microsoft sosteniendo una participación económica de aproximadamente 27%, mientras el control de OpenAI Group permanece en manos de la OpenAI Foundation.
Quien compre acciones de OpenAI, no comprará lo que cree comprar. Si el propio mercado de capitales todavía no logra describir con precisión quién controla a estas empresas, es ingenuo esperar que un regulador, sea estadounidense o mexicano, lo resuelva antes.
Y hay una capa más de ese mismo problema que rara vez se discute en los consejos:
ni Anthropic ni OpenAI producen sus modelos de forma aislada, dependen de un número reducido de proveedores de cómputo y semiconductores para operar. Esa dependencia también es un riesgo que los consejos deberían incorporar a su supervisión, especialmente cuando una falla o un cambio en un proveedor puede afectar la continuidad del negocio. Muy pocos consejos se han hecho esa misma pregunta sobre sus propios proveedores.
¿CALLEJÓN SIN SALIDA? En México, el contraste es todavía más marcado. No existe todavía una ley federal específica que regule de manera integral la inteligencia artificial. En el Senado, la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México concluyó en 2025 un proceso técnico-legislativo para construir una propuesta de ley general que contemplaría una autoridad nacional de supervisión, un esquema de certificación y un registro obligatorio para los sistemas de alto riesgo.
De manera paralela, en febrero de 2026 se presentó una iniciativa distinta, una reforma al artículo 73 constitucional para facultar expresamente al Congreso a legislar en esta materia. Ninguna de las dos vías había llegado al pleno al cierre de esta edición.
El organismo que hubiera sido el candidato natural para administrar el eventual registro de sistemas de alto riesgo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
dejó de existir formalmente el 9 de mayo de 2025. Sus funciones de protección de datos personales pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Poder Ejecutivo que, por su propia naturaleza, no tiene la autonomía constitucional que tenía el instituto desaparecido.
Y apenas el 5 de agosto de 2026, la bancada mayoritaria en la
Cámara de Diputados anunció que la regulación de la inteligencia artificial será tema prioritario del periodo legislativo que inicia el 1 de septiembre, aunque
ese anuncio tampoco garantiza que el vacío se resuelva antes de que este texto llegue a sus lectores.
Esto no es un matiz técnico. Significa que, si una empresa mexicana adopta hoy un sistema de inteligencia artificial que califique como de alto riesgo bajo cualquier estándar internacional razonable, todavía no hay una autoridad mexicana diseñada específicamente para vigilarlo. El vacío que Estados Unidos discute resolver con una ley que lleva once meses de negociación, en México ni siquiera cuenta con una arquitectura institucional definida sobre la mesa.
Para un consejo mexicano, esto se traduce en preguntas concretas, no retóricas, que no pueden esperar al dictamen del Senado, y que ya se hacen los consejos en jurisdicciones donde el regulador sí llegó primero:
1. ¿Quién dentro del consejo audita hoy la clasificación de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial que ya opera la empresa, no la que eventualmente exija una ley?
2. ¿Qué obligaciones contractuales existen con los proveedores tecnológicos si ese proveedor cambia de estructura de gobierno, como acaba de hacer OpenAI, sin que exista un supervisor mexicano que lo notifique?
3. ¿Podría la empresa mexicana promedio, hoy, documentar ante cualquier autoridad extranjera con estándares más exigentes que ejerce supervisión humana efectiva sobre sus
sistemas de alto riesgo? Frente a esas preguntas, ¿puede un consejo de administración mexicano esperar tranquilo a que el Senado resuelva su pendiente?
Ningún consejo que compre exposición a inteligencia artificial —a través de proveedores tecnológicos, participación en estas compañías cuando coticen o adopción interna de estos sistemas—
puede subcontratar su criterio de riesgo a un regulador que todavía no decide ni su propia arquitectura. La responsabilidad de vigilancia no espera a que exista el regulador. La asume el consejo, o no la asume nadie. Anotamos lo que creemos posible, no lo que el calendario legislativo nos permite esperar.
*Consultora independiente. Profesora en el Tec de Monterrey Campus Santa Fe. Ex presidenta del Comité de Transformación y economía digital del IMEF.
@GamboaSofia Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
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