Mariana Mazzucato
es italoestadounidense. Es una de las economistas más influyentes en el debate global sobre política industrial y el papel del Estado en la innovación.
Es profesora en la University College London y en la Universidad de Sussex.
Con su equipo elaboraró el informe Transformación del Estado para el Plan México
el cual propone un modelo de desarrollo basado en «misiones» estatales para impulsar la innovación,
la prosperidad compartida y una reforma fiscal.
Su diagnóstico parte de una contradicción conocida: México tiene
empresas altamente productivas, integradas a cadenas globales, junto a millones de negocios pequeños con baja productividad y escaso acceso al financiamiento y la tecnología. Son islas de modernidad que el resto de la economía no logra alcanzar.
Las “misiones” que Mazzucato propone utilizar el Plan México son Estado, banca de desarrollo, regulación, inversión pública y empresas privadas coordinados alrededor de objetivos concretos. texto
La idea es interesante, pero México necesita algo más elemental: volver a crecer. texto
Entre 1990 y 2018 la economía mexicana creció alrededor de 2.7% anual en promedio.
No era espectacular, pero en 2019 retrocedió 0.1% y en 2020 la pandemia provocó una caída superior a 8%. El rebote fue de 6% en 2021.
Después el PIB creció 3.7% en 2022
y 3.3% en 2023,
pero perdió fuerza:
alrededor de 1.5% en 2024 y 0.8% en 2025. El segundo trimestre de 2026 sorprendió favorablemente, con un avance de 1.5% trimestral y 2.1% anual. Un buen trimestre, sin que sea todavía una nueva trayectoria.
La inversión ofrece otra señal.
La formación bruta de capital fijo creció 19.7% en 2023; es la inversión total, pública y privada, no su participación en el PIB. En 2025 cayó 6.7%: la privada disminuyó 4.4% y la pública 18.9%.
Al cierre del año representaba alrededor de 23% del PIB. Algunos cálculos sitúan en 25% la inversión que México tendría que sostener para aspirar a un crecimiento cercano a 4% anual.
Cerrar esa distancia y sostenerla es complicado.
Aquí aparece la banca de desarrollo. Su cartera ronda 1.6 billones de pesos, frente a 8.2 billones de la banca comercial al cierre de 2025: equivale aproximadamente a 20% de ésta y a 16% del crédito sumado de ambas bancas.
Es relevante, pero no suficiente para cargarle la responsabilidad de cambiar por sí sola la trayectoria de una economía del tamaño de México, mucho menos para atribuirle directamente la reducción de la pobreza.
Su función tampoco debería ser esa. Una banca de desarrollo sirve cuando financia algo que el mercado no financiaría adecuadamente:
una empresa que entra por primera vez a una cadena productiva, infraestructura con grandes externalidades, innovación, vivienda o proyectos cuyo rendimiento social supera al privado.
Por eso importa dónde coloca sus recursos.
La banca de desarrollo participa, junto con la banca comercial y otros inversionistas, en un fondo de hasta 250 mil millones de pesos para proyectos de inversión de Pemex y el pago a sus proveedores.
Puede haber razones de peso, pero existe un costo de oportunidad: la capacidad de balance y las garantías públicas utilizadas ahí no se destinan a otros proyectos. La pregunta es cuánto valor adicional genera cada destino.
Algo semejante ocurre con las islas exportadoras. México no necesita convertir millones de microempresas en exportadoras.
Muchas nunca lo serán. Necesita que algunas puedan crecer, formalizarse, invertir, contratar trabajadores y convertirse en proveedoras de empresas mayores.
El salto importante no es de changarro a exportador global; es de microempresa improductiva a pequeña empresa productiva.
Mazzucato puede aportar una metodología interesante, pero no una respuesta completamente nueva.
Para crecer 3 o 4% México necesitará más inversión pública y privada, energía suficiente y a precios competitivos, infraestructura, seguridad, capital humano, certidumbre regulatoria y empresas capaces de aumentar su productividad. La banca de desarrollo puede ayudar a conectar esas piezas.
Quizá esa sea la utilidad de traer a Mazzucato.
No para que nos explique nuestros problemas, sino para utilizar sus “misiones” para medir resultados:
cuántos proveedores nuevos se incorporaron a las cadenas productivas, cuánto aumentó su productividad, cuánto capital privado movilizó cada peso público y qué proyectos no habrían ocurrido sin intervención estatal.
El Estado emprendedor puede ser una buena idea. Pero la intervención activa del Estado en la economía es mucho más antigua que el concepto de “misiones”. Para emprender, el Estado primero necesita saber ejecutar, evaluar y corregir. Y esa capacidad no viene incluida en ningún modelo importado.
*Economista
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