Si bien el incremento al ingreso laboral es necesario y deseable para tener libertad económica, el progreso social garantiza una mejor calidad de vida en el largo plazo y de manera intergeneracional. El progreso social se sustenta en el acceso a los servicios públicos de calidad, como la educación y la salud que desde 2018 se han venido deteriorando. Pero también hay otros factores que habilitan el progreso social, como la seguridad pública, el acceso al agua, al saneamiento y a la información, contar con títulos de propiedad, un entorno libre de corrupción y oportunidades de desarrollo individual.
La mayor prosperidad se logra por medio de la articulación de las políticas públicas en los rubros de economía, comercio, empleo, seguridad social, educación y salud públicas.
3. Aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado y reducir la informalidad laboral. La informalidad conlleva baja productividad, pues subsiste con frecuencia dentro de unidades económicas muy pequeñas, sin acceso al sistema financiero y nula capacitación. El empleo informal es, en promedio, un trabajo de gran inestabilidad y bajos ingresos, puesto que recibe la mitad de la paga que un empleo formal.
Las mujeres se emplean con mayor frecuencia en trabajos informales, debido al uso que dan a su tiempo, dedicando más del doble de horas que los hombres a actividades como crianza, preparación de alimentos o limpieza. De esa manera, los trabajos remunerados que desempeñan las mujeres tienden a tener condiciones de flexibilidad, pero amplían la brecha salarial por sexo.
Dado que el trabajo es la mayor fuente de ingresos para las familias (entre 6 y 7 pesos por cada 10 pesos de ingresos), es muy importante promover la formalidad laboral y ofrecer condiciones para una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado. De esa manera, el ingreso laboral podría ser considerablemente mayor en relativamente poco tiempo, debido a la suma de mejores salarios y más prestaciones sociales vinculadas al empleo.
En este contexto, una condición para el incremento en los ingresos de las familias es contar con un sistema nacional de cuidados financiado desde el Estado que permita mantener a más mujeres jóvenes estudiando y ofrecer facilidades para que más mujeres puedan ingresar al mercado laboral remunerado con empleos de calidad.
4. Respeto al Estado de derecho. Se debe otorgar confianza a inversionistas y a socios comerciales, promover la actividad económica formal e incrementar la productividad. La garantía del Estado de Derecho abarca, al menos, cuatro aspectos.
Primero, debe tener capacidades como regulador de los mercados que no son competitivos, incluyendo ámbitos como la generación de energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros. Segundo, debe ofrecer supervisión en la provisión de servicios de salud y educación, tanto públicos como privados, para garantizar calidad.
Tercero, debe ser garantía de que los contratos, tratados y concesiones se cumplan en los términos pactados. En caso de disputa, deben respetarse los canales legalmente constituidos para dirimirlos. Cuarto, debe ofrecer una estrategia de seguridad pública eficaz. Siendo un país en el que 95% de las unidades económicas son MiPymes, muchos negocios optan por minimizar los riesgos de la extorsión permaneciendo pequeños, informales o en una combinación de ambas.
El Estado necesita contar con capacidad de gasto, respaldada en ingresos presupuestales y en finanzas públicas sanas y sostenibles. El financiamiento del gasto corriente con deuda y no con ingresos presupuestarios conlleva riesgos de solvencia en el mediano plazo, compromete la calidad de la deuda e incluso riesgos para el orden constitucional.
5. Hacer una reforma fiscal progresiva y redistributiva para el buen funcionamiento del Estado. En México subsiste una muy baja recaudación debido a la alta informalidad económica y laboral que prevalece en el país. Esta informalidad se traduce, en términos fiscales, en una reducida base gravable. Además, la tasa efectiva que se recauda de los contribuyentes es frecuentemente menor a la tasa legalmente establecida, lo cual presupone la existencia de un margen para la optimización fiscal.
Las presiones de gasto que enfrenta México demandan una revisión de las prioridades de gasto en términos de justicia intergeneracional, y para minimizar endeudamiento promover el enfoque de género y la política medioambiental.
Finalmente, toda reforma fiscal debe revisar primero las prioridades de gasto para una mejor redistribución del ingreso; en México ni el gasto público ni la recaudación disminuyen las desigualdades registradas antes de impuestos, con lo cual la labor redistributiva del Estado fracasa.
UN RETO QUE NO SE PUEDE POSTERGAR
La prosperidad significa elevar el nivel de vida de las familias y comunidades, no sólo acabar con la pobreza. Disminuir la desigualdad es un reto del Estado que debe atenderse por medio de mayor calidad del empleo, el incremento sostenido de los ingresos laborales de las familias por medio de la especialización y la creación de valor, la política fiscal —tanto desde el ingreso como desde el gasto—, así como la inclusión financiera temprana para garantizar la independencia económica a lo largo de la vida.
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En el marco de la Convención Nacional IMEF se presentó la Ponencia IMEF 2023: Visión IMEF 2024-2030, un documento que presenta una serie de propuestas enmarcadas en 15 áreas temáticas, elaborado por expertos de diversas materias con el objetivo de contribuir a identificar, estudiar, analizar y, sobre todo, proponer desde un análisis técnico, soluciones viables a problemáticas específicas del país, todo ello en un momento coyuntural como es la antesala del proceso electoral 2024 por el cual se elegirán al próximo Presidente de la República y 20 mil cargos públicos.
Puede consultar las más de 90 propuestas en las 15 áreas temáticas del documento en:
Visión IMEF 2024-2030
